México define blindaje PLD en una jornada decisiva
Autoridades gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS) definieron una serie de normativas técnicas para la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo en México. Fueron tres sucesos diferentes los que integraron el nuevo blindaje del sistema financiero, que comprenden un acuerdo de cooperación bilateral de alto nivel, la enmienda legal estadounidense para la liquidación definitiva de una institución de banca múltiple y la supervisión técnica de los controles de procedencia de capital en el sector de ahorro popular mexicano.
La configuración de este blindaje regulatorio responde a la necesidad prioritaria de frenar los flujos de capital de procedencia ilícita y combatir de manera coordinada el tráfico internacional de drogas sintéticas. Para establecer esta defensa operativa, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo una reunión de trabajo con Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde dialogaron sobre las prioridades logísticas para proteger a las instituciones y desarticular las redes económicas transnacionales mediante el intercambio directo de información financiera de inteligencia.
“La cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano”, detalló un documento oficial emitido por la Secretaría de Hacienda.
La SHCP sostuvo que el diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional.
La resolución para CIBanco
Mientras las autoridades sostuvenían su reunión bilateral, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro modificó una orden para permitir la liquidación de la institución financiera de CIBanco.
Anteriormente, el Tesoro le había cortado a CIBanco el acceso al sistema financiero estadounidense tras descubrir que el banco facilitó el lavado de ganancias derivadas de opioides ilícitos, por lo que el Gobierno de México asumió el control gerencial. Este hecho sucedió en junio de 2025, para el mes de octubre el banco solicitó su autorevocación de licencia.
“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México de proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y de hacer rendir cuentas a quienes los facilitan”, destacó el FinCEN.
Actualmente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se encuentra liquidando a los clientes de CIBanco, con un avance superior al 80%.
Fortalecimiento técnico del sector popular
Desde su trinchera, el sector de las finanzas populares presentó avances regulatorios concretos en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS) sostuvo una sesión de evaluación interinstitucional con Marcos Arellano, agregado para México de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El propósito de la mesa de trabajo consistió en medir el impacto de las acciones adoptadas por las entidades agremiadas frente a los delitos financieros de escala global.
Las dependencias de supervisión financiera revisaron la implementación técnica de esquemas de gobierno corporativo dentro de las entidades de ahorro. Los reportes presentados demostraron la modernización de los sistemas de alertamiento operativo, así como el reforzamiento sistemático de la infraestructura tecnológica y logística del sector.
“La adopción obligatoria de listas OFAC refleja que el sector entiende el momento global y está decidido a elevar sus estándares. Esta medida representa fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano”, declaró David Romero Morfín, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares en el documento oficial del encuentro.
El directivo enfatizó que las acciones de los agremiados superan el cumplimiento regulatorio básico, alineando a las empresas nacionales con los esquemas de vigilancia internacionales para la detección oportuna de operaciones inusuales o de riesgo patrimonial.
La asociación representativa del gremio integró recientemente una comisión especializada en prevención de lavado de dinero, la cual está conformada por más de treinta oficiales de cumplimiento normativo. El grupo de especialistas técnicos sostuvo que mantiene un intercambio permanente de metodologías y mejores prácticas operativas.
Por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda participaron Máximo García Sánchez, coordinador de Ahorro y Regulación Financiera de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, junto con Emma Ibarra Carmona, directora de Asuntos Financieros de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió representación técnica a través de Jessica Pulido, coordinadora de Prevención de Operaciones de Procedencia Ilícita B.
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