El impacto de la corrupción en la competitividad y la infraestructura regulatoria en México: COPARMEX
- Poder México
- julio 13, 2026
- Empresas y Negocios
- Coparmex, Corrupción, INEGI
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El impacto económico y social de las prácticas delictivas e irregulares en el país registró niveles históricos durante el último ciclo evaluado. De acuerdo con los datos oficiales de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, un total de 9.42 millones de ciudadanos fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al interactuar con autoridades o realizar trámites, lo que derivó en afectaciones financieras conjuntas cercanas a los 17 mil millones de pesos.
Este detrimento se ve reflejado en el costo promedio por habitante, el cual alcanzó la cifra de 3 mil 865 pesos, consolidándose como el indicador más elevado de la última década en este rubro. Asimismo, el Índice de Percepción de la Corrupción posicionó al país en el lugar 141 de 182 naciones evaluadas, tras obtener una calificación de 27 de 100 puntos posibles.
El panorama para el sector empresarial revela un problema de carácter estructural que limita la inversión y el crecimiento formal. El indicador expone que el 40.2% de las unidades económicas afiliadas a la confederación enfrentó dinámicas irregulares en su relación con las entidades de gobierno.
La incidencia de estas prácticas presenta una mayor concentración en el orden municipal con un 62.2%, seguido por el nivel estatal con un 57.8% y el ámbito federal con un 42.8%. Adicionalmente, el panorama se complejiza ante fenómenos como la extorsión y el cobro de piso, que afectaron al 17.3% de las empresas comerciales que fueron víctimas de delitos, identificándose que en el 37% de tales eventos los responsables directos fueron servidores públicos o personas que simularon dicha condición legal.
El estrato de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) sufre con mayor severidad las consecuencias de este entorno debido a la falta de infraestructura financiera para absorber cobros indebidos.
Esta situación vulnera la estabilidad de un sector que concentra el 70.7% del empleo formal en el territorio nacional. A la par de los desvíos financieros, el exceso de regulaciones actúa como un factor agravante, dado que el 48.9% de los establecimientos reportó trabas administrativas complejas, viéndose obligados a invertir una media de 82 horas mensuales para dar cumplimiento a los requerimientos gubernamentales.
Ante este escenario, los altos índices de impunidad permanecen como el principal obstáculo para el Estado de Derecho, puesto que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) expone que el 98.9% de los delitos de corrupción cometidos contra el sector productivo no son objeto de denuncia ni de investigación jurídica.
