UIF acata orden judicial y libera parcialmente pensiones de Rubén Rocha Moya

Diego Aguilar

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que cumplirá con una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para permitir que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, disponga de futuros depósitos correspondientes a sus pensiones. La medida se deriva de una suspensión provisional concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, dentro de un procedimiento judicial promovido por el propio exfuncionario tras el congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado en mayo de 2026.

La determinación judicial responde a que los ingresos por pensiones están protegidos por el principio legal de inembargabilidad, lo que obliga a la autoridad hacendaria a autorizar el acceso exclusivo a las ministraciones futuras provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Esta liberación acotada ocurre luego de que el 6 de mayo de 2026 la UIF ordenara bloquear los recursos financieros del político sinaloense y de su familia, tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos con la delincuencia organizada, aunque el Gobierno mexicano desestimó dichas acusaciones en el discurso público.

“En el marco de un procedimiento judicial promovido por un ex funcionario del gobierno de Sinaloa, el TFJA concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante un comunicado oficial.

La dependencia federal precisó que la resolución judicial no representa un desbloqueo generalizado de los activos financieros del exmandatario estatal. Los recursos distintos a las pensiones expresamente señaladas en el fallo, así como cualquier otra operación financiera vinculada a sus cuentas, permanecen sujetos a las restricciones administrativas impuestas previamente por la autoridad fiscal.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda detalló los alcances exactos de la determinación emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA. “Establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones”, puntualizó la institución.

Asimismo, la SHCP sostuvo que la ejecución de esta suspensión provisional se alinea con el cumplimiento de las normas procesales vigentes, sin abandonar las tareas de vigilancia financiera. “La Secretaría de Hacienda, por conducto de la UIF, reitera su compromiso con el respeto a las resoluciones judiciales, el debido proceso y el derecho de garantía de audiencia, así como con el fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita”, concluyó la autoridad.

El origen del congelamiento

El litigio administrativo que derivó en la liberación parcial de las pensiones tiene su antecedente inmediato en el bloqueo financiero ejecutado en mayo de 2026.

De acuerdo con documentación oficial revisada previamente por este medio y fuentes del sector financiero, la UIF emitió los oficios de congelamiento contra Rubén Rocha Moya y su círculo familiar el 6 de mayo de 2026, mientras que la notificación formal a las instituciones ocurrió el 13 del mismo mes.

Las entidades bancarias reguladas recibieron la instrucción de inmovilizar las cuentas tanto del gobernador con licencia como de sus familiares.

Por su parte, las entidades financieras no reguladas recibieron únicamente la notificación correspondiente al bloqueo de los activos del exmandatario estatal y de uno de sus hijos, Rubén Rocha Ruíz.

El mecanismo operativo para ejecutar estas restricciones funciona a través del Canal SITI/PLD, una plataforma administrada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde las instituciones del sector reciben alertas en materia de prevención de lavado de dinero.

De acuerdo con datos proporcionados por una fuente del sector financiero bajo condición de anonimato, al menos el 85 por ciento de los avisos emitidos en dicho canal corresponden a la incorporación de personas en la lista de cuentas bloqueadas.

“Toda entidad tiene la obligación de darse de alta. Los oficios los emite la UIF, los notifica al vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, y envían a las entidades los oficios que van saliendo de tiempo. Tienes que entrar constantemente al portal para actualizarte”, explicó la fuente consultada.

De acuerdo con especialistas consultados en el marco de esta investigación, la inclusión en la lista de personas bloqueadas constituye una medida de carácter cautelar y no una sentencia condenatoria. Este esquema responde a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 6 de abril de 2026, mediante los cuales se avaló el congelamiento de cuentas como un modelo preventivo.

“Es una medida que interpone una autoridad para que las cosas se queden en el estado que se encuentran. Te congelo las cuentas para que no puedas mover los recursos y no tengas acceso en caso de que se declare culpabilidad puedas usar esos recursos”, detalló una segunda fuente vinculada a procesos de cumplimiento normativo.
Blindaje financiero y escrutinio internacional

La intervención de la UIF sobre las finanzas de Rocha Moya y sus allegados se produjo en un contexto de escrutinio internacional sobre el sistema bancario mexicano. Fuentes del sector indicaron que el congelamiento preventivo buscó proteger la estabilidad del sistema financiero nacional antes de que agencias del Gobierno de Estados Unidos ejecutaran sanciones directas, como ocurrió en 2025 cuando el Departamento del Tesoro emitió órdenes contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

“En este caso una finalidad es la protección del sistema financiero porque se protege al sistema mexicano y aquí la Corte dice cumplir compromisos internacionales”, señaló una de las fuentes, quien precisó que México mantiene acuerdos de cooperación con organismos internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), aunque aclaró que el bloqueo de mayo de 2026 no respondió a una solicitud formal de un gobierno extranjero.

En el ámbito político e institucional, las fuentes advirtieron una divergencia entre la postura pública del Ejecutivo federal y las acciones administrativas de Hacienda. Mientras distintas autoridades gubernamentales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, declararon que no existían indicios de la participación de Rocha Moya en actividades ilícitas, la emisión de los oficios de la UIF reflejó una actuación interna distinta.

“Desde un punto de vista social es una sentencia pública para decir que ya está interponiendo medidas. No sustituye la función del Ministerio Público o de la Fiscalía. En estricto derecho y lo que dijo la Corte: las personas que fueron o que son parte de la lista de personas bloqueadas hasta que no reciban sentencia no son culpables”, puntualizó el informante.
Respecto a la operación bancaria del exfuncionario, las instituciones financieras del país mantuvieron reserva sobre los movimientos específicos.

La Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que la información debía solicitarse directamente a la UIF, mientras que Banorte señaló que los datos están sujetos al secreto bancario y que la institución atiende de manera permanente las instrucciones de las autoridades.

Finalmente, las fuentes consultadas advirtieron que la dispersión de nóminas del Gobierno de Sinaloa y las operaciones en instituciones como el Banco del Bienestar forman parte de los elementos bajo revisión en el cumplimiento de las normas sobre personas políticamente expuestas.

“Es obligación de las financieras revisar los patrones de las personas políticamente expuestas. Tienen que cumplir con conocimiento del cliente para determinar el origen de los recursos”, concluyó la fuente, advirtiendo que la falta de acciones verificables por parte de las autoridades mexicanas podría derivar en mayores presiones de Estados Unidos sobre las instituciones bancarias que operan en el país.

Entérate de las noticias más importantes en el mundo de los negocios dando click aquí

¡Síguenos en nuestro perfil oficial de Linkedin!

Tags:

Buscar