Juzgado federal declara formalmente a TV Azteca en concurso mercantil e inicia periodo de conciliación financiera

Un juzgado federal especializado de la Ciudad de México emitió una sentencia que declara formalmente a la empresa de televisión abierta TV Azteca en estado de concurso mercantil.

La resolución judicial, firmada por la jueza Tessy del Rocío Covarrubias, confirma que la firma mexicana incurrió en un incumplimiento generalizado en sus obligaciones de pago frente a sus acreedores. Con esta declaratoria jurídica, derivada de un recurso que presentó de manera voluntaria la propia compañía en marzo pasado, se abre de forma oficial la etapa de conciliación por un periodo de seis meses, equivalente a 185 días naturales.

Durante este lapso procesal, un especialista supervisará la administración y se buscará estructurar un convenio de reestructuración de pasivos que evite la declaración de quiebra y posterior liquidación de activos de la televisora fundada en 1993.

La empresa de comunicación, integrada dentro del conglomerado Grupo Salinas propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, argumentó que este procedimiento legal representa la vía institucional más adecuada para reorganizar sus finanzas de manera ordenada.

De acuerdo con estimaciones del sector, las obligaciones financieras acumuladas de la televisora rebasan los $23 mil millones de pesos. Adicionalmente, el corporativo enfrenta litigios en tribunales de Estados Unidos con un grupo de inversionistas internacionales que reclaman de forma directa el pago de un monto superior a los $580 millones de dólares.

Como parte de los efectos inmediatos de la sentencia, quedan suspendidos los pagos de deudas contraídas previas al fallo judicial, a excepción de los recursos indispensables para la operación ordinaria, salarios, contribuciones fiscales y cuotas de seguridad social.

El tribunal ordenó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles la designación de un conciliador para coordinar las mesas de negociación con los acreedores y vigilar el flujo de caja del negocio. Entre las disposiciones cautelares dictadas en la sentencia se determinó imponer una medida de arraigo a los miembros del consejo de administración y directivos responsables de la firma, restringiendo su salida del domicilio legal a menos que cuenten con un representante legal acreditado.

Este panorama de reestructuración corporativa coincide con las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que a inicios del presente año determinó que el consorcio empresarial debe cubrir un total de $32,133 millones de pesos por conceptos de adeudos fiscales vencidos.