Vamos a apostar porque esta reforma judicial funciona

El gremio compromete una expansión crediticia de 4.5 billones de pesos condicionada a la digitalización. La ABM busca que esta cifra histórica se otorgue entre 2026 y 2030.

Por Diego Aguilar

La Asociación de Bancos de México (ABM) reafirma su determinación de colaborar, activamente, en la implementación de la reforma al Poder Judicial para evitar la parálisis de la actividad crediticia en el país. Emilio Romano, presidente del organismo gremial, señala en entrevista que la banca comercial deja atrás la etapa de incertidumbre para enfocarse en la operatividad de los nuevos esquemas de justicia. El líder de los banqueros asegura que el sector financiero decidió otorgar un voto de confianza a la reconfiguración del sistema judicial, bajo la premisa de que la estabilidad de las reglas de juego es el único camino para garantizar el crecimiento económico sostenido.

La decisión de la banca responde a la necesidad imperante de dar certidumbre a los contratos y asegurar la recuperabilidad de las garantías en un entorno de cambios estructurales. Para Romano, el objetivo de este acercamiento con el Gobierno de Claudia Sheinbaum es coadyuvar a que la transición judicial sea eficiente y no afecte la confianza de los inversionistas ni el flujo de capitales. La lógica es: si el marco legal cambia, la responsabilidad del sector es participar en su perfeccionamiento para que la impartición de justicia sea un facilitador del desarrollo y no un obstáculo burocrático para la recuperación de cartera

“Nosotros se lo dijimos a la señora Presidenta, vamos a apostar porque esta reforma judicial funciona. ¿Y cómo vamos a hacer que? Vamos a trabajar para que haya más justicia imparcial y expedita. No se trata de que ganen los bancos o los acreditados, sino de que la justicia se dé a quien la tenga, pero que se dé rápido. Es un compromiso con la estabilidad y la previsibilidad del entorno jurídico en México”, afirma Emilio Romano.

El respaldo de la ABM ocurre en un momento crítico, pues la reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024 enfrentó una resistencia férrea de diversos sectores. Durante su proceso legislativo y los primeros meses de ejecución en 2025, organismos de la sociedad civil, expertos constitucionalistas y cámaras del sector privado advirtieron sobre los riesgos de politizar la justicia y vulnerar la autonomía de los juzgadores. A pesar de que estas voces señalaban un posible retroceso en la certeza jurídica para las inversiones extranjeras, la banca opta por un camino de mediación institucional, buscando influir en la operación de los nuevos tribunales en lugar de confrontar el cambio constitucional.

Para materializar esta confianza, la banca busca proponer al órgano administrativo de justicia la creación de más tribunales especializados en materia mercantil. Romano destacó que, aunque estos órganos ya existen, su capacidad es insuficiente para atender la demanda actual de resolución de conflictos financieros. La propuesta técnica busca que estos juzgados cuenten con personal altamente capacitado en contratos complejos, fideicomisos y derecho financiero, evitando que los litigios se prolonguen por décadas debido a la saturación del sistema o a la falta de pericia técnica de los nuevos jueces que resulten electos por el voto popular.

Más allá de la estructura de los juzgados, el presidente de la ABM señala que existen vicios legales históricos que deben corregirse para que el sistema financiero fluya con mayor dinamismo. Romano menciona que el gremio está trabajando con el Congreso y la Procuraduría Fiscal de la Federación para eliminar ambigüedades en el marco legal de los fideicomisos y en los procesos de notificación judicial. Estos vacíos, señala, fueron utilizados de forma recurrente para prolongar litigios de manera artificial, lo que encarece el costo del crédito y limita la oferta financiera para las empresas que más lo necesitan.

Se alinean los astros: banca, gobierno y crédito…

La relación entre los banqueros y la administración de Claudia Sheinbaum atraviesa un periodo de alineación estratégica que Romano califica de “unidad de intereses”. El directivo destaca que la comunicación con las autoridades financieras es fluida y receptiva, lo que permite avanzar en una agenda compartida que prioriza la justicia social y el crecimiento económico. De acuerdo con el líder de la ABM, la instrucción presidencial de acelerar el desarrollo del país encuentra eco en una banca que se percibe a sí misma como el motor necesario para financiar los proyectos prioritarios de infraestructura y energía.

“Ha cambiado la relación porque encontramos en este gobierno la plena identificación de objetivos. No tenemos ningún otro más que el bienestar de los mexicanos y poder incrementar de la manera más rápida posible los beneficios para hacer un México más justo y equitativo. Hemos logrado un nivel de diálogo sin precedentes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, puntualiza Romano.

Este entendimiento mutuo fue puesto a prueba durante los recientes roces con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el señalamiento sobre presunto lavado de dinero a entidades financieras mexicanas. Romano explica que la banca trabajó de forma coordinada con el gobierno para blindar la estabilidad del sistema y demostrar que México cuenta con estándares de supervisión robustos. Esta crisis, lejos de debilitar la relación, sirvió para que ambas partes reforzaran los mecanismos de vigilancia contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, consolidando a la banca como una fortaleza de la economía nacional frente a choques externos.

La pieza central de esta alianza es el compromiso de la banca para acompañar el Plan México hacia 2030. La ABM anuncia una inversión en crédito de 4.5 billones de pesos para financiar las industrias estratégicas y la infraestructura energética del país. El objetivo técnico es ambicioso: elevar el crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de 38% actual a 45% en los próximos cuatro años. Romano insiste en que el sistema bancario tiene la liquidez necesaria para lograrlo, siempre que las empresas se formalicen y los tribunales garanticen un entorno de pago justo y previsible.

Digitalización como estrategia de seguridad

La segunda gran apuesta de la gestión de Romano es la guerra frontal contra el uso de efectivo, al que considera un “combustible” para la delincuencia y la extorsión. La estrategia de digitalización busca modernizar los pagos y reducir los índices de robos y fraudes que afectan tanto a usuarios como a pequeños comercios.

Al transitar hacia una economía digital, la banca pretende que cada transacción deje una huella financiera, lo que automáticamente disminuye el anonimato que protege a las bandas criminales y al mismo tiempo abre las puertas del crédito a millones de mexicanos informales.

Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 revelan la magnitud del reto: aunque 94% de los mexicanos con una cuenta bancaria ya posee un smartphone, apenas 52% utiliza aplicaciones móviles para gestionar su dinero. Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó en 2025 que el sistema bancario tiene un índice de capitalización de 19%, por lo que el problema no es la falta de dinero, es la desconexión tecnológica y la persistencia de la economía informal que prefiere el uso de billetes y monedas.

Para cerrar esta brecha, la ABM impulsa herramientas como el Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo), en colaboración con el Banco de México, buscando que incluso los comercios más pequeños puedan cobrar mediante dispositivos móviles sin costos adicionales. Romano enfatiza que la digitalización es la herramienta más poderosa para el empoderamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que les permite construir un historial crediticio sólido. Al registrar sus ventas de forma electrónica, estas empresas pueden demostrar su capacidad de pago y acceder a créditos para expansión, saliendo del círculo de estancamiento que impone el manejo exclusivo de efectivo en la vía pública.

“La digitalización es votar por el desarrollo. Queremos que la carretera de pagos digitales esté bien pavimentada para que el efectivo sea opcional. El efectivo tiene riesgos personales, costos de traslado y alimenta la violencia. Si logramos que el gobierno federal, estatal y municipal dejen de operar en efectivo y que las ayudas sociales se usen vía aplicaciones, habremos creado un círculo virtuoso que permitirá dar más bienestar y seguridad a todos los mexicanos”, concluye Emilio Romano.

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