Paquete Económico 2027 es realista, pero enfrenta retos: expertos

La Secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027. El documento plantea un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5%, con la meta de alcanzar una recaudación tributaria récord del 15.9% del PIB.

Algunos expertos, como los de México Evalúa, BNP Paribás o Banamex, calificaron el proyecto de ser más realista; sin embargo, hay otros que advirtieron retos para este presupuesto, en específico para los ingresos de México en 2027.

“Las estimaciones mantienen un sesgo optimista para el balance primario en 2026 y 2027. Presiones sobre el nivel de crecimiento y gasto estructural podrían provocar déficits mayores a los estimados en el largo plazo”, advierte la agencia calificadora HR Ratings.

La desproporción entre las metas del gobierno y la realidad económica es evidente en el avance de la recaudación. Mientras Hacienda espera captar ingresos tributarios sin precedentes, HR Ratings calcula que la economía mexicana registrará un avance real de apenas 1.1 a 1.3% al cierre de 2026, lo que dejaría los ingresos presupuestarios por debajo de lo proyectado y presionará las finanzas públicas.

El verdadero ajuste para sostener el gasto gubernamental no vendrá de nuevas tasas generales, sino de controles administrativos que estrangulan la liquidez corporativa. El Paquete Económico 2027 introduce un candado a las deducciones autorizadas para personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos, obligándolas a pagar más Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“El nuevo mecanismo limita las deducciones autorizadas para personas morales con ingresos superiores a 50 millones que determinen utilidad fiscal en el ejercicio. Si las deducciones representan hasta 96.67% de los ingresos acumulables, se recortan en 1%; si exceden dicho umbral, se impone un tope absoluto de 96.67%”, señala el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en su evaluación.

El golpe a los márgenes y al flujo de caja

Este recorte genera un incremento inmediato en la carga fiscal efectiva de las empresas formales. Por ejemplo, una compañía con ingresos de 100 millones de pesos y deducciones legítimas de 98 millones vería elevar su ISR de 600 mil a 999 mil pesos, lo que implica un sobrecosto de 66.5% que impacta a sectores como la manufactura y la comercialización.

“A pesar de que se observó una mejora en el superávit de los otros balances dentro de los Requerimientos Financieros del Sector Público y una compresión en el déficit de las adecuaciones presupuestarias, el déficit de los RFSP aumentó 5.8% al cierre de julio“, detalla HR Ratings.

Las complicaciones operativas para el sector privado no terminan en la restricción de gastos ordinarios. El proyecto fiscal limita la amortización de pérdidas fiscales a solo un 50% de la utilidad del ejercicio y eleva los pagos provisionales a través de factores de ajuste al coeficiente de utilidad, privando a los negocios de efectivo clave para sus operaciones.

“El efecto acumulativo del ajuste al coeficiente de utilidad y la limitación de pérdidas a 50% genera una presión desproporcionada sobre el flujo de efectivo y el capital de trabajo, sin atender circunstancias particulares”, advierte el informe del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

Certidumbre en riesgo y pasivos al alza

La estrategia gubernamental también traslada un costo administrativo elevado a los contribuyentes. La nueva normativa exige guardar documentación y registros contables hasta por 20 años en caso de aplicar pérdidas, tiempo que supera la caducidad habitual de cinco años establecida en el Código Fiscal de la Federación.

“Consideramos que la deuda neta podría cerrar por encima de 54.0% del PIB que estimó Hacienda como consecuencia de mayores presiones en el balance primario respecto a lo incluido en los CGPE27”, advierte HR Ratings.

Además, el fisco mantendrá una tasa de recargos de 16.56% anual, la cual duplica los créditos fiscales en tres años mientras los juicios demoran hasta siete años en resolverse. Con ingresos sobreestimados, un gasto rígido y mayores trabas a las deducciones corporativas, el Paquete Económico 2027 amenaza con comprometer la inversión privada y la estabilidad fiscal del país.

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