Comité del Parlamento Europeo aprueba el marco regulatorio del euro digital para mitigar la dependencia de redes de pago estadounidenses

El comité de asuntos económicos del Parlamento Europeo respaldó formalmente el borrador normativo para la creación del euro digital, un mecanismo de pago electrónico respaldado directamente por el banco central.

Esta iniciativa busca dotar a la Eurozona de una alternativa financiera de soberanía regional frente al dominio de redes transaccionales estadounidenses como Visa y Mastercard.

Tras la aprobación de este reglamento, se tiene proyectado que los legisladores inicien negociaciones formales el próximo mes con el Consejo Europeo y la Comisión Europea con el fin de obtener la ratificación legislativa definitiva hacia finales de 2026. El Banco Central Europeo (BCE) planea realizar una fase piloto de doce meses de duración durante el segundo semestre de 2027, perfilando el lanzamiento definitivo del activo hacia el año 2029.

El estatuto legal incorpora salvaguardas estructurales destinadas a proteger los balances de la banca comercial ante un posible éxodo de depósitos. Simulaciones previas de la autoridad monetaria indicaban que los usuarios de la eurozona podrían retirar hasta 699,000 millones de euros —equivalentes al 8.2% de los depósitos a la vista— si el límite individual se fijaba en 3,000 euros.

Como medida de mitigación, el borrador estipula que la Comisión Europea, bajo la recomendación del BCE, determinará y revisará de manera bianual el tope máximo de posesión por billetera electrónica. Adicionalmente, las normativas fijan que las empresas no podrán almacenar la moneda virtual por más de 24 horas, el instrumento no generará ningún tipo de interés y su utilización básica será totalmente gratuita para los ciudadanos, contemplando exenciones de aceptación para microempresas y trabajadores autónomos.

Las mesas de diálogo institucionales resolverán los esquemas de compensación por los costos de implementación técnica, calculados por el BCE en una inversión de entre 4,000 y 6,000 millones de euros diferidos en un periodo de cuatro años.