Cámara de Diputados aprueba aplazar la elección judicial hasta junio de 2028

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reforma constitucional que traslada la celebración de la elección judicial del año originalmente previsto (2027) al mes de junio de 2028, con el objetivo de hacerla concurrente con el proceso de revocación de mandato en caso de que este sea formalmente solicitado por la ciudadanía.

En la sesión ordinaria, el dictamen impulsado por el Ejecutivo Federal reunió una votación de 341 sufragios a favor y 124 votos en contra, avanzando hacia la etapa de discusión en lo particular en el pleno de San Lázaro.

El texto aprobado introduce modificaciones estructurales al diseño del sistema electoral de la judicatura, destacando la reducción en el número de candidaturas disponibles por cada cargo en disputa.

Bajo este nuevo esquema regulatorio, el listado de aspirantes transita de diez a únicamente cuatro perfiles por cargo para los puestos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados electorales, mientras que para las magistraturas de circuito y juzgados de distrito la lista se acota de seis a cuatro perfiles seleccionados mediante criterios de evaluación. Posteriormente, este bloque de cuatro perfiles de finalistas se someterá a un proceso de insaculación pública para determinar las dos candidaturas definitivas que aparecerán en la boleta electoral de cada cargo.

A nivel operativo y territorial, la reforma instruye al Instituto Nacional Electoral (INE) a diseñar y configurar un modelo inédito de “distritos judiciales electorales”, los cuales tomarán como base de división la geografía de los circuitos judiciales vigentes en el país. Asimismo, la normativa modifica nuevamente la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que el máximo tribunal abandonará su funcionamiento actual para transitar a un esquema operativo estructurado “en Pleno y en dos secciones”.

Respecto a la logística de la jornada electoral, el dictamen establece que el escrutinio y cómputo de los sufragios se ejecutará de forma directa en las casillas instaladas, modificando los esquemas de centralización de actas contemplados con anterioridad.

Los grupos parlamentarios de oposición votaron en bloque en contra de la iniciativa bajo el argumento de que las modificaciones introducen cláusulas secundarias que permitirían, en administraciones federales futuras, vincular los ejercicios de revocación de mandato con comicios locales y federales de carácter intermedio.

Los legisladores inconformes advirtieron que esta concurrencia permanente altera los principios de equidad electoral que el propio Congreso de la Unión había rechazado con anterioridad en debates de rango constitucional, lo que generó un debate de alta tensión política previo a la presentación de las reservas de ley en lo particular.