La UIF mandata nuevos controles de prevención de lavado frente a la extorsión
- Ana Paula Sánchez
- mayo 25, 2026
- Gobierno
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en un trabajo conjunto con la Asociación de Bancos de México (ABM), emitió de manera oficial el documento denominado Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: “Casos Relacionados a Extorsión”.
El propósito central de esta publicación técnica consiste en robustecer los esquemas de detección y mitigación de los riesgos derivados de la relación entre el delito de extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Para la elaboración de estos criterios, la ABM aportó su experiencia sectorial en la revisión de los flujos de capital, buscando estructurar una herramienta de carácter práctico que proteja la integridad y la seguridad del sistema financiero de la nación.
Las disposiciones administrativas fijan tiempos específicos que las instituciones bancarias deben cumplir de forma obligatoria para la adecuada adopción del documento.
Los Oficiales de Cumplimiento de cada una de las entidades del sector dispondrán de un plazo estricto de 60 días naturales para someter la guía a revisión y aprobación formal ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control.
Una vez que se concrete la validación por parte de dichos órganos internos, las corporaciones financieras tendrán un periodo complementario de 60 días adicionales para la integración definitiva de estos contenidos dentro de sus procesos habituales de análisis y reporte de transacciones, aplicando los criterios según corresponda a sus propios modelos de riesgo.
La base técnica de este ordenamiento proviene de los análisis estratégicos desarrollados por la UIF, mediante los cuales se rastrearon y documentaron conductas comerciales anómalas vinculadas directamente con redes de extorsión que operan desde el interior de diversos Centros Penitenciarios.
Entre las conclusiones más relevantes de la investigación de la autoridad, se identificó el uso constante de transferencias electrónicas que registran conceptos de pago de carácter repetitivo, así como el retiro y la dispersión veloz de los fondos económicos mediante el uso de canales digitales móviles.
Los datos recabados por la dependencia exponen que las aplicaciones de telefonía móvil concentraron aproximadamente el 70% de las operaciones totales observadas en el seguimiento del caso bajo análisis.
La normativa jurídica vigente clasifica a la extorsión como un delito predicado de las ORPI, debido a que los recursos financieros generados por esta práctica delictiva se someten a dinámicas de ocultamiento y dispersión en la infraestructura bancaria antes de ingresar formalmente al circuito económico legal. Con la adición de señales de alerta específicas, metodologías de evaluación de riesgos y guías de monitoreo, esta estrategia de la Secretaría de Hacienda pretende elevar la eficiencia en el uso de los recursos de supervisión.
La implementación de estas directrices busca alinear los mecanismos de control con los estándares internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), coadyuvando a la consolidación del sistema nacional enfocado en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
