México acelera digitalización financiera bajo presión de EU y con marco regulatorio obsoleto

México atraviesa un momento decisivo en materia financiera: mientras avanza hacia la adopción de identidad digital biométrica, firmas electrónicas certificadas y procesos totalmente digitales, también enfrenta una vigilancia sin precedentes por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de su órgano de inteligencia, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Esta presión ocurre justo cuando entran nuevos competidores globales y cuando las reglas mexicanas, diseñadas hace casi una década, muestran claros signos de rezago, señaló uno de los expertos consultados por este medio de comunicación.

El fortalecimiento de la CURP biométrica y la aplicación más estricta de la NOM-151 han obligado a las instituciones a replantear sus procesos. Para Fabián Fabela, Senior Director Marketing de NAAT.TECH, el país vive una transición que exige evidencia digital verificable y trazabilidad completa.

“Hoy ya no basta con decir que verificaste a un usuario: tienes que demostrarlo con pruebas irrebatibles”, afirmó.

Señaló que el objetivo es “elevar” la certeza jurídica del usuario y de la institución, lo que implica integrar biometría, firmas digitales vinculantes y sellos de tiempo que permitan reconstruir cada paso del proceso.

“El objetivo no es complicar al usuario, sino darle más certeza en cada transacción”, insistió.

La presión internacional incrementó tras el señalamiento del FinCEN el pasado 25 de junio, cuando acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de presuntamente lavar dinero para el narcotráfico mexicano.

Aunque las acusaciones no han sido comprobadas, las tres entidades ya no operan bajo sus marcas originales: CIBanco e Intercam vendieron sus negocios y Vector traspasó activos y colaboradores a otra firma.

Para los expertos, este episodio expone una tendencia: Estados Unidos observa con lupa los riesgos del sistema financiero mexicano y espera estándares más altos de supervisión.

En este contexto, la llegada de instituciones globales como la británica Revolut, actualmente Banco en México, exhibió vacíos regulatorios. Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox, advirtió que el marco mexicano fue diseñado para bancos locales y físicos; no contempla riesgos transfronterizos ni ecosistemas globales.

México, explicó, analiza a los nuevos jugadores digitales desde una óptica doméstica, mientras que reguladores como el Reino Unido evalúan la operación completa de la institución en el mundo.

“México analiza al jugador local, no al ecosistema internacional donde opera”, dijo. Esto, afirmó, podría dejar huecos importantes en materia de prevención de lavado y ciberseguridad.

Valderrama subrayó que el país necesita actualizar con urgencia su marco legal.

“La regulación no ha cambiado al ritmo de la tecnología, y eso se convierte en un riesgo sistémico”, señaló.

Indicó que varios procesos de autorización se hacen con criterios pensados para instituciones tradicionales, lo que limita el entendimiento del funcionamiento real de plataformas digitales que operan en varios países simultáneamente.

“Si no entendemos el modelo global, no estamos evaluando el riesgo completo”, señaló.

Para Fabela, la discusión no es solo regulatoria, sino operativa y tecnológica. Explicó que si una institución no puede demostrar cómo verificó una identidad, cómo firmó un documento o cómo selló una evidencia, entonces no está lista para cumplir con los estándares internacionales.

Recalcó que las entidades financieras deben garantizar trazabilidad total, desde la captura biométrica hasta el resguardo seguro de datos.

“Esto no es opcional (…) es lo que piden los reguladores y lo que protege al usuario”, señaló.

Ambos especialistas coincidieron en que México avanza hacia un ecosistema más digital, pero con reglas que ya no responden a la realidad tecnológica ni al contexto global.

“La supervisión mexicana sigue viendo un banco del siglo XX, cuando los jugadores actuales ya operan en el siglo XXI”.

Fabela, por su parte, sostuvo que el país debe consolidar un sistema de identidad digital robusto.

“La digitalización no es solo eficiencia; es seguridad, trazabilidad y confianza”, afirmó.

Añadieron que México enfrenta una transformación compleja, más digitalización, más vigilancia extranjera y más actores globales, pero con un marco regulatorio que todavía no se adapta.

Coincidieron además en que se debe modernizar la arquitectura legal y tecnológica; será indispensable para garantizar un sistema financiero seguro, competitivo y alineado con los estándares internacionales.

Solo así, dijeron, el país podrá evitar que la innovación avance más rápido que la capacidad de proteger al usuario y al sistema en su conjunto.

La prioridad de la CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estrenó presidente recientemente. Dejó atrás a Jesús de la Fuente para abrirle las puertas a Ángel Cabrera Mendoza.

En este sentido, tras participar en una reunión organizada por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), comentó que se debe priorizar la relevancia del diálogo y la cooperación institucional para fortalecer el sistema financiero. Además reafirmó que la estabilidad se logra con visión técnica y compromiso común.

Resaltó que la resiliencia del sistema financiero ante los desafíos globales de 2025 y que esta fortaleza es resultado de años de prudencia, disciplina y trabajo conjunto entre autoridades e intermediarios.

Ademas mencionó sus prioridades para 2026, donde aseguró que la CNBV basará su supervisión a través de los riesgos que existan en el sector. Dijo que buscará la transformación digital con ciberseguridad y protección de datos.

Dijo además que se centrarán en una regulación “moderna y proporcional” y que su visión es un sistema financiero sólido, competitivo y cercano a las necesidades del país.

“La CNBV será una autoridad técnica, accesible y orientada a resolver, mediante una supervisión rigurosa, pero que permita que las instituciones se fortalezcan y operen con certidumbre, lo cual implica escuchar, respeto técnico y objetivos compartidos”, dijo.

Para concluir, enfatizó que la inclusión financiera es una prioridad nacional y reconoció el papel de las entidades especializadas para ampliar el crédito y fortalecer la confianza en los sectores productivos.

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