Incertidumbre comercial y deterioro normativo frenan 0.3 puntos del PIB
- Diego Aguilar
- agosto 4, 2026
- Economía
- Banamex, PIB, T-MEC
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El equipo de Estudios Económicos de Banamex presentó sus perspectivas financieras oficiales. Iván Arias, Rodolfo Ostolaza y Nydia Iglesias expusieron ante los medios de comunicación los riesgos vigentes para el crecimiento nacional.
La presentación técnica se llevó a cabo para explicar cómo las recientes decisiones de política exterior e interior afectarán el flujo de capitales. La determinación de Estados Unidos de no extender el tratado comercial obligará a realizar revisiones anuales y limitará severamente la planeación financiera corporativa.
“Estimamos que este factor de incertidumbre restó el año pasado unas tres décimas de punto porcentual al crecimiento económico”, afirmó Iván Arias, director de Estudios Económicos de la institución, durante una conferencia reciente.
La falta de una extensión operativa para el acuerdo comercial obligará a los inversionistas a operar bajo cautela estricta hasta 2028. Este entorno restrictivo condiciona la capacidad de la economía mexicana para consolidar proyectos de infraestructura corporativa a largo plazo.
El modelo de revisiones anuales del tratado internacional impide la estructuración financiera continua para proyectos transfronterizos. Esta situación frena el volumen de inyección de capital extranjero que el país podría captar mediante el fenómeno de relocalización industrial de empresas asiáticas y europeas.
Si el tratado se hubiera extendido bajo condiciones favorables y a largo plazo, el Producto Interno Bruto registraría proyecciones de crecimiento superiores. La falta de certidumbre comercial externa obliga a las transnacionales a suspender temporalmente sus decisiones de inversión industrial.
“Quien desde 2024, cuando hubo el cambio en la administración, está en modo de espera, sigue en espera, porque no es nada más el T-MEC, también es el marco interno”, explicó Rodolfo Ostolaza al respecto de la contención de capitales.
El subdirector de Estudios Económicos detalló que los niveles de confianza empresarial permanecen en terreno negativo de forma consistente. Los sectores de manufacturas, comercio y servicios registran un déficit de certidumbre absoluto para detonar nuevas inversiones de gran escala.
La debilidad de la inversión privada contrasta drásticamente con el gasto público ejercido en proyectos de construcción gubernamental durante el presente año. Para revertir esta inactividad corporativa, resulta indispensable eliminar la volatilidad regulatoria y comercial que perciben los mercados internacionales.
“Las tensiones en el ámbito comercial todavía están presentes; hay mensajes públicos donde hay amagues de que perfilarían un cierre del tratado”, advirtió Iván Arias durante su análisis sobre la relación bilateral y las próximas discusiones arancelarias.
El panorama económico proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.3 por ciento para el cierre del actual ejercicio anual. Esta cifra confirma el tercer año consecutivo con un avance productivo completamente insatisfactorio frente al potencial real e histórico del país.
Deterioro normativo y Estado de derecho
La incertidumbre comercial externa se agrava exponencialmente por las modificaciones estructurales en la política pública interna. Los analistas advierten que la inestabilidad regulatoria anula las ventajas competitivas geográficas que el país ofrece para la atracción de corporaciones transnacionales.
Las condiciones institucionales para que la inversión privada opere con seguridad registran un deterioro sistemático durante los últimos periodos gubernamentales. Las autoridades han modificado las reglas establecidas previamente en contratos operativos conjuntos con el sector productivo privado.
“Dejaron en el limbo y sumidas en la incertidumbre a muchas inversiones. Ese tipo de señales van y vienen, el gobierno parece estar dispuesto a echarse para atrás en posiciones aterrizadas en contratos”, señaló Nydia Iglesias.
La directora de Análisis Político especificó que las alteraciones en las leyes secundarias del sector energético generaron una desconfianza corporativa generalizada. Este cambio abrupto de condiciones afecta directamente la percepción de riesgo financiero para cualquier empresa interesada en operar dentro del país.
Las reformas institucionales recientes incrementan el grado de vulnerabilidad legal para los capitales extranjeros y para los inversionistas locales consolidados. La modificación constitucional del Poder Judicial para elegir a los magistrados mediante voto directo representa un riesgo jurídico profundo.
“No es el caso de las inversiones en temas altamente técnicos, se requieren de jueces especializados para garantizar que frente a cualquier conflicto va a haber un proceso de arbitraje confiable”, argumentó Iglesias.
La carencia de perfiles técnicos rigurosos en los juzgados representa un obstáculo insalvable para la resolución de controversias operativas. Las empresas de alta tecnología y telecomunicaciones demandan tribunales imparciales y conocedores de las normativas financieras para mantener su capital.
“Al eliminar este tipo de judicatura y sustituirla por una elegida por la población, ese tipo de señales son terriblemente nocivas para la confianza de la inversión”, puntualizó la especialista en análisis político de la entidad bancaria.
El desarrollo económico a mediano plazo requiere recuperar la certidumbre corporativa mediante la aplicación de prácticas internacionales transparentes y estables. Los inversionistas disponen de múltiples opciones geográficas para destinar sus recursos financieros y evalúan estrictamente el cumplimiento normativo.
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