COPARMEX alerta que la corrupción afecta la inversión y productividad en México

COPARMEX advierte que la corrupción frena la inversión y la competitividad en México; costo promedio por ciudadano alcanza su nivel más alto en una década.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo un llamado a priorizar la lucha contra la corrupción como una agenda de emergencia nacional, señalando que este fenómeno continúa debilitando el desarrollo económico, el Estado de Derecho y la atracción de inversiones en el país.

Con base en datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, el organismo empresarial destacó que el costo promedio de la corrupción por ciudadano en 2025 alcanzó los 3,865 pesos —el nivel más elevado registrado en los últimos diez años—, afectando a más de 9.42 millones de personas y generando pérdidas económicas cercanas a los 17,000 millones de pesos.

El impacto sobre el sector productivo resulta especialmente alarmante: los resultados del indicador #MxSinCorrupción de #DataCoparmex revelan que el 40.2% de las empresas socias enfrentó al menos un acto de corrupción en el último año, registrando una mayor prevalencia en el ámbito municipal (62.2%), seguido del estatal (57.8%) y el federal (42.8%).

Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI señala una tasa de impunidad del 98.9% en estos delitos, mientras que el exceso regulatorio obliga a los negocios a destinar, en promedio, 82 horas mensuales al cumplimiento de trámites, abriendo espacios para la discrecionalidad y la extorsión, cobro que en el 37% de los casos fue cometido por autoridades o personas que simulaban serlo.

Ante este escenario, COPARMEX enfatizó la vulnerabilidad de las MiPyMEs —generadoras del 70.7% del empleo en México— y presentó una agenda de exigencias al Gobierno Federal y gobiernos locales.

Entre las propuestas destacan el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la digitalización y simplificación administrativa para reducir espacios de discrecionalidad, la aplicación de sanciones efectivas a servidores públicos corruptos, la creación de canales de denuncia confidenciales y el combate directo a la extorsión.

El organismo empresarial reiteró la disposición del sector privado para colaborar en la construcción de un marco de integridad pública, transparencia y certeza jurídica que permita fortalecer la confianza, la inversión y el desarrollo económico del país.

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