Disminuye la transparencia en fiscalías a más de un año de la desaparición del INAI

Por Itzel Alaniz

La transparencia sobre las fosas clandestinas en México registró un retroceso de 18.3% entre 2024 y 2025, de acuerdo con el informe Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO), Data Cívica y ARTICLE 19 tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El organismo autónomo desapareció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de que era muy costoso y de poca utilidad. Después de discutirse la iniciativa, se aprobó su eliminación y se publicó el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Sus funciones pasaron a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual busca garantizar la transparencia.

Sin embargo, el informe revela que las respuestas a las solicitudes de información hechas a las 32 fiscalías estatales de la República mexicana y a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las fosas clandestinas fueron más escasas, menos completas y menos útiles para conocer la magnitud de las desapariciones y de las fosas clandestinas en el país.

“Seguimos enfrentando grandes desafíos cuando intentamos entender la magnitud de la problemática en cuanto a fosas clandestinas. No hay una forma establecida para hacer esta documentación de los hallazgos”, expresó Penny Ramírez, periodista y asistente de incidencia en el Programa de Derechos Humanos de la IBERO, durante la presentación del informe.

Asimismo, expresó que, a pesar de existir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, donde se establece que debe haber un registro de las fosas clandestinas del país, esos documentos no son públicos.

El informe detalló que en 2022, el 93.8% de las fiscalías respondieron la solicitud de información, ya fuera de manera completa o parcial. No obstante, esta cifra tendió a la baja: en 2023 fue de 90.6%; en 2024, de 84.4%; y en 2025 pasó a 62.6%, el primer año en que entró en operación la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ese año, siete fiscalías que habían entregado información en 2024 dejaron de hacerlo.

Algunos estados de la República destacaron por los retrocesos en la entrega de información. Por ejemplo, Quintana Roo pasó de una calificación perfecta a no entregar información útil; Baja California reservó por cinco años los datos sobre fosas clandestinas; Coahuila y Nayarit respondieron dos meses después con cero fosas; Colima remitió a un enlace inactivo, y Guanajuato canalizó a un portal sin información suficiente para identificar fosas clandestinas.

A estos casos se suman Morelos, que acumula cuatro años consecutivos sin responder solicitudes; Hidalgo, que se declaró incompetente para proporcionar la información; Tamaulipas, que dejó de responder tras haber entregado datos en ejercicios anteriores; y Veracruz, que limitó el acceso mediante respuestas administrativas insuficientes. En cuanto a la Ciudad de México, la fiscalía respondió que no existen registros de fosas clandestinas en la entidad y, por lo tanto, no tiene información al respecto.

“Hoy no solo es más difícil acceder a la información, sino que se entrega de manera incompleta o carece de datos fundamentales para comprender la magnitud del problema”, mencionó Leslie Salazar, estudiante de Ciencias Políticas y colaboradora en el Programa de Derechos Humanos de la IBERO.

Aunado a la escasa información revelada por las fiscalías, Salazar explicó que las autoridades utilizan argumentos para evitar entregar información útil para la investigación. Una de las respuestas más frecuentes, comentó, consiste en afirmar que no están obligadas a elaborar documentos nuevos y, en muchos casos, utilizan ese argumento para entregar información que no corresponde a lo solicitado.

Por su parte, Ramírez calificó el primer año de operación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno como desafiante debido a las dificultades para acceder a la información sobre fosas clandestinas. Explicó que Nayarit y Quintana Roo reportaron en años anteriores la existencia de 41 y tres fosas clandestinas, respectivamente, mientras que para 2025 el registro fue de cero.

Falta de información, un obstáculo para los familiares de personas desaparecidas

La falta de información sobre fosas clandestinas representa un obstáculo para los familiares de personas desaparecidas. Por ello, Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya, desaparecido el 18 de marzo de 2017 en Celaya, compartió desde su experiencia el recorrido que realiza una familia durante la búsqueda de una persona desaparecida.

“Las familias peregrinan de un estado a otro para tratar de buscarlos y refleja la crisis que vive México con más de 136,000 personas desaparecidas. Somos nosotros quienes proporcionamos información a las fiscalías. Las fosas son encontradas por familiares, no por las fiscalías”.

Importancia del derecho a saber

Efraín Tzuc, especialista en periodismo de datos, subrayó la importancia que tenía el INAI al fungir como organismo autónomo y no depender del gobierno, como ocurre en la actualidad.

“Era el árbitro. Cuando las fiscalías no daban información sobre las fosas, recurríamos al INAI, y ahora esa información está en las fiscalías, que son las que determinan si la entregan. Su desaparición no solo debe preocupar a periodistas e investigadores, sino a la sociedad en general, porque ya no cuenta con esa información”, compartió.

Asimismo, señaló que las gráficas sobre el número de fosas clandestinas en el país son difíciles de consultar. Ante la falta de información, existe la Plataforma Ciudadana de Fosas, creada por organizaciones de la sociedad civil y académicas como una alternativa frente a la escasa información presentada por el Gobierno de México sobre este tema.

En dicha plataforma se revela que no existe una cifra exacta de fosas clandestinas en el país; sin embargo, existe un aproximado de más de 5,600 fosas descubiertas entre 2007 y finales de 2023. Además, los registros documentan más de 1,400 hallazgos adicionales reportados por fiscalías estatales entre 2023 y 2024.

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