Disputas jurisdiccionales en Misuri podrían aplazar la validación del acuerdo de Bayer por 7,250 mdd
- Ana Paula Sánchez
- junio 25, 2026
- Empresas y Negocios
- Bayer
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Un juez de un tribunal del estado de Misuri determinó que podría posponer la audiencia programada para el próximo 9 de julio, en la cual se evaluaría la aprobación definitiva del acuerdo propuesto por Bayer por un monto de 7,250 millones de dólares para resolver demandas relacionadas con su herbicida Roundup.
El juez Timothy Boyer, de la ciudad de San Luis, manifestó que retrasar este procedimiento podría ser lo mejor para el desarrollo del litigio, debido a una disputa en curso sobre si el caso debe resolverse en una corte federal o en la corte estatal de Misuri.
A pesar de este panorama, la unidad Monsanto de Bayer y los abogados que respaldan el convenio señalaron que un retraso razonable no afectará materialmente el proceso general de validación de la transacción.
El origen del conflicto legal radica en que el consorcio químico alemán enfrenta aproximadamente 65,000 reclamaciones en tribunales estatales y federales de Estados Unidos por parte de personas que afirman haber desarrollado linfoma no Hodgkin y otros tipos de cáncer tras utilizar el producto. Mientras que Bayer y los demandantes a favor del pacto buscan concluir el caso mediante una acción de clase interpuesta en la corte estatal en febrero, los opositores al acuerdo argumentan que la revisión debe realizarse en el fuero federal.
Aunque el caso fue enviado brevemente a una corte federal durante un mes, un juez federal ordenó su devolución a la jurisdicción de Misuri la semana pasada; no obstante, los demandantes inconformes apelaron dicha resolución.
Decenas de personas han presentado objeciones formales bajo el argumento de que los términos del acuerdo son injustos para las víctimas y que un tribunal estatal carece de la competencia para imponer condiciones a ciudadanos de otras entidades o a personas que manifiesten la enfermedad en el futuro, habiéndose fijado el pasado 4 de junio como la fecha límite para que los afectados decidieran si se excluían de la acción colectiva.
