EU tramitó indebidamente extradición de Rocha Moya, afirma Alcalde

Luisa María Alcalde, en su nuevo cargo como consejera jurídica, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos falló en el trámite de su solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. Además dijo que difundir estos documentos rompió la confidencialidad obligatoria y provocó un “linchamiento mediático” anticipado contra diez personas señaladas.

Explicó que el artículo 10 del Tratado de Extradición exige que toda solicitud formal debe estar respaldada por datos probatorios sólidos, es decir, no basta con acusaciones, sino que debe acreditarse la probabilidad de que los implicados cometieron los delitos.

“Lo que se solicita es la detención provisional con fines de extradición, y si esta se encuentra fundada, entonces se procede a la detención y se abre un plazo de 60 días para entonces sí poder formalmente presentar la solicitud formal de extradición”, mencionó Alcalde durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En esa línea, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó que las peticiones del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York no aportaron elementos suficientes para justificar detenciones provisionales, por lo que México solicitó mayor fundamentación dentro de un plazo de dos meses.

Alcalde añadió que en México, el artículo 16 constitucional también exige demostrar probable responsabilidad y riesgos como fuga u obstaculización antes de detener a alguien.

“Para poder presentar esto (el Distrito Sur de NY) necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia, es decir, que exista un riesgo de sustracción u obstaculización del proceso”, dijo la consejera jurídica.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Especial.

Licencia tras señalamientos desde Estados Unidos

La licencia de Rubén Rocha Moya se dio luego de que autoridades de Estados Unidos presentaran una acusación formal en su contra y de otros nueve funcionarios, señalándolos por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con fiscales del Distrito Sur de Nueva York, el caso apuntó a una red de protección institucional que habría facilitado el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, además de recibir sobornos y apoyo político.

Las investigaciones también sostuvieron que la organización criminal habría influido en el proceso electoral de 2021 mediante presiones a rivales, y que ya en el cargo se habrían garantizado condiciones para operar con menor riesgo. Rocha Moya rechazó los señalamientos y pidió separarse del cargo mientras se revisa el caso.

Con información de Brenda Ocampo.

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